By Guillermo Méndez Pompa, abogado defensor de 7 mil familias que compraron a la desarrolladora Tango de Jalisco, denunció que las mismas fueron víctimas de un fraude inmobiliario, ya que se les vendió casa en el fraccionamiento La Cima del municipio de Arenal, cuando este ni siquiera cuenta con servicios básicos y no ha sido recibido por la autoridad municipal.
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Para colmo, hasta el Infonavit se vio involucrado al dar los créditos en tales circunstancias irregulares que ahora se ventilan a través de una denuncia de tipo penal y que señala concretamente a Rocío Liliana Sepúlveda y Rodrigo Gil Ramírez, actual presidente de Canadevi Jalisco y nieto del exgobernador de Jalisco Juan Gil Preciado y del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quienes fungían como representantes de la empresa señalada cuando se hizo la venta fraudulenta.
El recurso legal presentado por los ofendidos es por “delitos contra el desarrollo urbano”, tipificado el artículo 253 del Código Penal del Estado de Jalisco, ya que el complejo habitacional carece hoy del servicio de agua potable, vive cortes cotidianos de energía eléctrica y carece de espacios públicos dignos.
El caso sin duda, justifica la lucha del gobierno federal a través de Sedatu, por evitar estos daños patrimoniales a los trabajadores, que con mucho esfuerzo buscan hacerse de un techo propio y una “vida digna”.
Sólo falta ver si le van a dar carpetazo a este caso o si le van hacer justicia a toda esa gente que ahora vive una gran frustración e impotencia, mala nota para la industria de la vivienda de Jalisco, sin duda.
