By El secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, dijo que el gobierno quiere que Petróleos Mexicanos (Pemex), bajo la dirección de Octavio Romero Oropeza, vuelva a ser grande.
Para que ello ocurra hay dos caminos: uno es no otorgar más permisos a las empresas privadas para la venta de gasolina, y el otro consiste en estatizar el transporte, abasto y comercialización de gasolina a través de las estaciones de Pemex.
Pero las cosas no tienen ni forma ni fondo. Cómo explicar que se había previsto para este lunes que todas las unidades de las dependencias del Gobierno Federal “llenaran sus tanques” en sus estaciones, contraviniendo principios de competencia económica.
El municipio de Guadalajara y la Ciudad de México se manifestaron, cada uno de manera independiente, en contra de una asignación directa de Pemex.
Guadalajara hizo una licitación abierta y ganó la empresa Medwag, que ofrece una solución de geolocalización para el monitoreo del recorrido vehicular del transporte del municipio del estado de Jalisco que encabeza Enrique Alfaro Ramírez, además de proveer datos de volumetría (consumo de kilómetros/litro), lo cual es imposible que Pemex provea.
En el caso de la Ciudad de México, bajo la tutela de Claudia Sheinbaum, operan 32 mil vehículos en un volumen anual mayor a tres millones de pesos, de los cuales menos del 24% se consume en estaciones de servicio de Pemex, y sería inviable el pretender dirigir a toda la flota vehicular de la ciudad esas estaciones, sólo por una asignación directa, lo cual complica la eficiencia operativa de los vehículos.
Explicar la situación de Pemex es irnos varias décadas atrás, pero también un año. Desde noviembre de 2021 la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público otorgó a Pemex TRI, que encabeza Jorge Luis Basaldúa, la facultad exclusiva para vender combustibles al propio sector público sin usar las estaciones privadas.
De esta manera, la dependencia asignó directamente a TRI el suministro de combustible para 71,389 vehículos, de los cuales 37,000 atienden temas de seguridad, salud y atención de emergencia, con lo que sacó del mercado a estaciones de servicio privadas que suministraban gasolinas y diésel a flotillas y automóviles utilitarios del sector público.
El negocio no es menor, hablamos de que la venta de combustible es de 150.6 millones de litros al año, con valor de 5,620 millones de pesos a los precios de hoy y la decisión involucra a 42 dependencias federales, 22 secretarías de Estado y los organismos centrales de la administración pública.
La institución que absorbe más consumo de combustibles es la Guardia Nacional, y gastará, tan sólo este año, entre gasolinas regular y premium, y diésel, 2,457.6 millones de pesos, 43.7% del total.
Este suministro, ya sin competencia, debió iniciar en enero, pero lleva un retraso de casi tres meses, debido a que muchas dependencias se han rehusado a acatar esa orden porque complica mucho la movilidad de las unidades, sobre todo en el interior de la República.
El retraso en la asignación directa de varias dependencias, como son Gobernación, Conagua, Diconsa y el nuevo AIFA, entre otras, para surtir combustible en gasolineras de Pemex, se debe a problemas técnicos en el funcionamiento de las tarjetas de pago, a cargo de Banco PagaTodo.
Además de problemas técnicos y porque no todas las dependencias están de acuerdo en esta consolidación que les afectará en costos y comodidad para cargar combustible.
Por eso, muchas buscan su propio proveedor, en Compranet ya están las convocatorias para licitar el servicio. Antes de 2019 cada dependencia contrataba directamente el suministro de combustibles con las estaciones que les ofrecían mejores condiciones de precio y servicio. Para el periodo 2020-2021 ganó la licitación la empresa Edenred, bonificando 0.56% a la SHCP, que centralizó toda la adquisición.
En fin, no se ve claro cómo darle viabilidad a Pemex de forma real, dado que los gastos de la paraestatal de frente a los números rojos con los que cuenta, no terminan de cuadrar.
